La detención de tres policías sospechosos de secuestro en Guayaquil, el 19 de agosto de 2024, ha avivado el clamor ciudadano por mayores controles en la Policía Nacional. Los agentes, presuntos miembros de Los Tiguerones, participaron en el secuestro de una madre y su hija, simulando un operativo. Este caso, sumado a otros como el asesinato de un empresario en Manta, donde un policía fue detenido, ha llevado a la ciudadanía a exigir pruebas de confianza rigurosas y seguimientos estrictos a los uniformados, según reportes del 30 de abril de 2025.
En 2024, 381 agentes fueron dados de baja por inconductas o delitos, reveló el comandante general Víctor Hugo Zárate. Ciudadanos como Édison Cruz y José Luis Sánchez, entrevistados en Guayaquil, sugieren revisiones psicológicas, patrimoniales y polígrafos para los policías, además de operativos encubiertos para detectar irregularidades. La percepción de inseguridad persiste, con críticas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), que demora hasta 50 días los procesos disciplinarios, permitiendo que agentes cuestionados permanezcan en servicio.
Expertos como Gabriel Vanegas, docente de la Universidad de Guayaquil, proponen reformas al Coescop para agilizar sanciones, mientras que Julio Arévalo, abogado, insiste en aplicar pruebas de confianza exhaustivas para evitar la infiltración de delincuentes. La Policía y el Ministerio del Interior trabajan en un nuevo Código Orgánico de Policía para reforzar la disciplina. Estos casos han erosionado la confianza pública, con ciudadanos como Lucía Delgado exigiendo acciones inmediatas para garantizar que los uniformados protejan, no amenacen, a la población.
