El presidente Daniel Noboa, en vísperas de su posesión para el periodo 2025-2029, anunció un plan para impulsar el refinamiento nacional de oro como una estrategia clave para debilitar las economías criminales vinculadas a la minería ilegal. En una entrevista con Visionarias el 23 de mayo, Noboa destacó que esta iniciativa, junto con la apertura del catastro minero, busca cortar las fuentes de ingresos de grupos delictivos que explotan recursos como el oro, cuyo precio supera los $3.300 por onza, para financiar actividades ilícitas como el narcotráfico y el contrabando.
El gobierno de Noboa, que asumió el poder en 2023 tras la disolución de la Asamblea por Guillermo Lasso, ha priorizado la lucha contra el crimen organizado, declarado como “conflicto armado interno” en 2024. Entre las medidas propuestas está la Ley de Solidaridad Nacional, que permite a empresas privadas deducir hasta el 30% de su impuesto a la renta al donar equipos a las Fuerzas Armadas y la Policía, fortaleciendo su capacidad operativa. Además, el proyecto de ley enviado el 17 de mayo a la Asamblea Nacional, controlada mayoritariamente por su movimiento ADN, busca establecer penas de hasta 30 años para quienes lideren o financien grupos criminales, junto con medidas para incautar bienes y restringir flujos financieros ilícitos.
Noboa también enfatizó la necesidad de un catastro minero ordenado, que estará operativo en los próximos tres a cuatro meses, para evitar que mineros ilegales roben recursos de concesiones legítimas. Esta estrategia, junto con incentivos para la formalización económica y mayor control judicial, pretende no solo combatir la delincuencia, sino también fomentar la inversión pública y privada para generar empleo. Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) ha criticado estas medidas, argumentando que podrían vulnerar derechos humanos al otorgar amplios poderes a las fuerzas de seguridad, lo que genera un debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertades civiles.
