En la política ecuatoriana, la coherencia suele ser una víctima colateral de las estrategias electorales. El reciente fervor del correísmo por constitucionalizar la dolarización es un ejemplo paradigmático de esta dinámica. Quienes antaño la tildaron de medida neoliberal y atentado a la soberanía, ahora la abrazan con entusiasmo, proponiendo blindarla en la Carta Magna.

Esta metamorfosis no responde a una epifanía económica, sino a un cálculo pragmático: el dólar goza de amplio respaldo ciudadano. Tras 25 años de vigencia, ha brindado estabilidad en un país acostumbrado a la volatilidad. El electorado, consciente de los beneficios tangibles de la dolarización, desconfía de propuestas que amenacen este sistema.

Sin embargo, este giro discursivo plantea interrogantes sobre la autenticidad de las convicciones políticas. ¿Es legítimo que un movimiento político reniegue de sus postulados históricos en aras de la conveniencia electoral? ¿Qué garantías existen de que, una vez en el poder, no se retomen las viejas intenciones de desdolarizar la economía?

La política requiere adaptabilidad, pero también principios. La ciudadanía merece propuestas basadas en convicciones sólidas, no en oportunismos transitorios. La dolarización no debe convertirse en una ficha más en el tablero electoral, sino en una política de Estado respaldada por un consenso genuino y duradero.