El 2 de junio de 2025, la vocera presidencial Carolina Jaramillo anunció desde el Palacio de Carondelet la creación de la primera tasa de fiscalización para el sector minero en Ecuador, aplicable a la pequeña, mediana y gran minería. Esta medida, parte de cinco políticas estratégicas del segundo mandato del presidente Daniel Noboa, busca financiar con $229 millones el control técnico y ambiental del cumplimiento de obligaciones por parte de las empresas mineras, según informó el gobierno.
La tasa tiene como objetivo fortalecer la vigilancia de los proyectos mineros, que en 2024 generaron exportaciones por $2,659 millones, representando el 9.41% de las exportaciones totales del país, según la Cámara de Minería del Ecuador (CME). Con proyecciones de alcanzar $4,000 millones en 2025, el sector es el cuarto rubro económico y el primero en exportaciones no tradicionales. La fiscalización apunta a combatir la minería ilegal, considerada una amenaza al Estado por su vínculo con el crimen organizado, y garantizar prácticas sostenibles en proyectos como Cascabel ($4,200 millones de inversión) y Curipamba-El Domo.
Jaramillo también anunció la apertura paulatina del catastro minero, cerrado desde 2018, a partir del 16 de June de 2025, con el objetivo de concluir el proceso antes de fin de año. Esta medida responde a una demanda histórica del sector, que espera atraer nuevas inversiones, especialmente en minerales no metálicos y metálicos. La presidenta de la CME, María Eulalia Silva, destacó la necesidad de una política minera de largo plazo y leyes específicas, como la consulta previa y ambiental, para consolidar el desarrollo sostenible, según declaraciones previas.
El plan incluye otras acciones económicas, como auditorías a Petroecuador, Celec y CNEL, y el cobro del valor real de la energía eléctrica a grandes empresas, con énfasis en la autosuficiencia energética de las mineras, como ya implementa la mina Fruta del Norte, que autogenera más del 50% de su energía. La ministra de Energía, Inés Manzano, había señalado en 2024 que las mineras deben desarrollar su propia generación para mitigar la crisis energética, que afectó las exportaciones en 2024.
La industria minera, con proyectos como Fruta del Norte y Mirador, ha reducido la pobreza en provincias como Zamora Chinchipe, pero enfrenta retos como la crisis energética y la minería ilegal, que la CME vincula a la delincuencia organizada. La tasa de fiscalización, según el gobierno, no solo fortalecerá el control, sino que generará recursos para programas sociales, como los $250 millones destinados a educación y $150 millones a salud en 2025.
Expertos advierten que la implementación de la tasa debe ir acompañada de transparencia y eficiencia para evitar que se convierta en una carga burocrática para las empresas. La apertura del catastro, por su parte, es vista como una oportunidad para atraer inversiones extranjeras, tras el éxito de Ecuador en foros como el PDAC en Canadá, donde se firmaron acuerdos por $4,800 millones. Estas medidas refuerzan el compromiso de Noboa con un sector que podría generar $217,000 millones en 30 años, según el Grupo Spurrier y la CME.
