El presidente Donald Trump anunció una propuesta para eliminar los impuestos federales sobre los beneficios de la Seguridad Social, una medida que beneficiaría a millones de jubilados y beneficiarios. La iniciativa, respaldada por un tuit del propio Trump, también incluye exenciones fiscales para propinas y horas extras, con el objetivo de aumentar el ingreso disponible de los estadounidenses.
Actualmente, los beneficios de la Seguridad Social, que incluyen jubilación, discapacidad y sobrevivientes, pueden estar sujetos a impuestos federales dependiendo de los ingresos del contribuyente y su estado civil. Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS), si un beneficiario soltero tiene ingresos combinados superiores a $25.000 anuales, o $32.000 para parejas que declaran conjuntamente, hasta el 85% de sus beneficios pueden ser gravables. En 2025, 41 estados y Washington D.C. ya eximen estos beneficios de impuestos estatales, pero nueve estados, como Colorado, Connecticut y Minnesota, aún los gravan.
La propuesta de Trump, que requeriría aprobación del Congreso, busca eliminar esta carga fiscal para aliviar a los jubilados, especialmente ante el aumento del costo de vida. En 2025, los pagos de la Seguridad Social reflejan un ajuste por costo de vida (COLA) del 2,5%, incrementando el beneficio promedio a $1.920 mensuales para jubilados. Sin embargo, expertos advierten que eliminar los impuestos podría agravar el déficit del fondo de la Seguridad Social, proyectado para agotarse en 2035 sin reformas, según la Administración del Seguro Social (SSA).
Críticos, citados por The Washington Post, señalan que la medida podría reducir los ingresos fiscales federales en miles de millones, afectando la sostenibilidad del programa que beneficia a 70 millones de estadounidenses. Por otro lado, defensores argumentan que los jubilados, muchos con ingresos limitados, necesitan este alivio para enfrentar la inflación. La propuesta también coincide con otras reformas, como la Ley de Equidad en la Seguridad Social, que busca eliminar disposiciones que reducen beneficios para ciertos trabajadores con pensiones públicas, beneficiando a más de dos millones de personas si se aprueba.
La discusión sobre esta medida se intensifica mientras la SSA implementa cambios operativos, como la transición a depósitos electrónicos y ajustes en el calendario de pagos, afectando a beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI). La incertidumbre sobre la viabilidad fiscal y la aprobación legislativa mantiene en vilo a los jubilados, quienes esperan claridad sobre el impacto real de esta propuesta en sus finanzas.
