El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador votará el 10 de junio de 2025, a partir de las 15:00, un proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia que elimina la necesidad de autorización judicial para interceptar llamadas telefónicas, abrir documentos o realizar operaciones encubiertas, según informó la Comisión de Seguridad Integral. El texto, que contiene 58 artículos y deroga 14 normas de la Ley de Seguridad Pública, crea un Sistema Nacional de Inteligencia con subsistemas en Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sistema penitenciario y otros definidos por el presidente, con el objetivo de anticipar amenazas a la seguridad del Estado.
La propuesta, respaldada por el oficialismo y considerada “necesaria” por la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, busca normar la inteligencia estratégica para combatir el crimen organizado en un contexto de creciente violencia. Sin embargo, legisladores como Jhajaira Urresta (Revolución Ciudadana) advierten que la derogación del artículo 20 de la Ley de Seguridad Pública viola derechos constitucionales a la intimidad y al secreto de correspondencia. Organizaciones de la sociedad civil también han expresado preocupación por la falta de controles judiciales, la impunidad potencial para agentes y la ausencia de fiscalización sobre gastos reservados.
El proyecto, en trámite desde 2008 y con primer debate en 2023, establece que la entidad rectora del sistema, actualmente el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), rendirá cuentas anualmente en sesiones reservadas ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea. Además, permite el uso de identidades ficticias y tecnologías como el software Pegasus para recopilar información. Críticos, como la legisladora Inés Alarcón, pidieron suspender el trámite para incorporar observaciones, pero la Comisión de Seguridad aprobó el texto final el 7 de junio con seis votos. La votación requiere 77 votos para su aprobación, y el presidente Daniel Noboa tiene 30 días para sancionar o vetar la norma.
