Augusto Verduga, exconsejero del CPCCS procesado por asociación ilícita en el caso Liga2, solicitó el 10 de junio de 2025 una caución para suspender la prisión preventiva ordenada el 6 de mayo por la jueza Daniella Camacho de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Desde México, donde obtuvo refugio político con su familia, Verduga argumenta que no hay causales de inadmisión para la caución, amparado en el artículo 538 del COIP, que permite suspender la prisión preventiva con una fianza. La Fiscalía lo acusa, junto a Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos, Nicole Bonifaz, Andrés Arauz, Raúl González y Esther Cuesta, de planificar el control de instituciones como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura para beneficiar a la Revolución Ciudadana.
Verduga salió de Ecuador el 27 de enero de 2025 hacia Colombia, incumpliendo la presentación periódica ordenada el 15 de marzo. La Fiscalía, liderada por Diana Salazar, pidió prisión preventiva y una notificación roja de Interpol, argumentando riesgo de fuga y falta de interés en el proceso, tras incautar sus celulares en un allanamiento al CPCCS el 24 de enero. Verduga niega poseer un disco duro con audios comprometedores y acusa a Salazar de persecución por fiscalizar el plagio de su tesis y vínculos de la banca privada con lavado de dinero. La jueza Camacho resolverá la solicitud de caución, mientras el caso, con un expediente de 21.000 fojas, avanza hacia el cierre de la instrucción fiscal.
