La Asamblea Nacional, liderada por Niels Olsen, trabaja en una agenda legislativa 2025-2029 que prioriza los proyectos de ley urgentes enviados por el presidente Daniel Noboa, según El Universo. Desde su posesión el 14 de mayo de 2025, Olsen ha impulsado un plan con énfasis en seguridad, trabajo y salud, alineado con el Ejecutivo, pero enfrenta críticas de la oposición, como Revolución Ciudadana, por el uso excesivo de la figura de urgencia económica.
El 17 de mayo, Noboa envió su primer proyecto urgente para desarticular economías criminales vinculadas al conflicto armado interno, seguido el 27 de mayo por la Ley de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, que busca transparentar la contratación pública, representando el 6.5% del PIB. La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno (ADN), tramita estas iniciativas, con plazos de 30 días para su aprobación o archivo, generando tensiones por la celeridad exigida.
Olsen, respaldado por 80 votos y el bloque ADN, que controla 12 de las 15 comisiones legislativas, apuesta por una gobernabilidad conjunta con el Ejecutivo, como expresó en la posesión de Noboa el 24 de mayo. Sin embargo, asambleístas como Ricardo Patiño (RC) cuestionan la efectividad de estas leyes, alegando que el gobierno no ha capitalizado herramientas previas, como el aumento del IVA o la consulta popular de 2024, para resolver la inseguridad.
La agenda también incluye reformas pendientes, como la autorización de bases militares extranjeras y la eliminación del financiamiento estatal a campañas electorales. La oposición advierte sobre riesgos de abuso de poder y falta de debate profundo, mientras Olsen insiste en un Legislativo “útil y cercano”, con fiscalización responsable y consensos para evitar bloqueos como los de legislaturas pasadas.
Analistas ven en Olsen una figura conciliadora, pero advierten que su cercanía al Ejecutivo podría limitar la independencia legislativa. Con un 90% de desaprobación ciudadana hacia la Asamblea, según encuestas, el desafío es aprobar leyes que respondan a la inseguridad y la crisis económica, mientras se mantiene la legitimidad del Parlamento frente a un electorado exigente.
