En un escalofriante caso de secuestro extorsivo en Guayaquil, la Policía Nacional descubrió los cuerpos de cuatro comerciantes asfixiados en una cisterna improvisada en Nueva Prosperina, noroeste de la ciudad, el 6 de junio de 2025. Los comerciantes, secuestrados en Urdenor, Urbanor, Martha de Roldós y Daule, fueron hallados tras seguir un cable eléctrico enterrado que conectaba la cisterna con una vivienda a 10 metros, propiedad de María José M. S. y Jefferson Javier V. M., ambos detenidos. La cisterna, alimentada por un ventilador eléctrico, era utilizada por presuntos delincuentes, según María José, quien cortó el cable con un cuchillo al detectar la presencia policial.
La investigación llevó a la captura de cinco sospechosos, procesados por secuestro extorsivo con resultado de muerte, un delito que, según el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), conlleva penas de 26 a 30 años de prisión. Además de la pareja, están implicados Carlos Arturo O. E. y dos individuos identificados como alias “Pinky” y “Labio Sexy”. Alias “Cocacho”, otro sospechoso, fue liberado con medidas sustitutivas tras una audiencia, pero recapturado en un operativo posterior por otro secuestro. Carlos Arturo confesó conocer el lugar, apodado “la chanchera”, donde se retenía a las víctimas, y señaló a Pinky, Cocacho y Labio Sexy como organizadores del crimen.
El caso ha generado indignación ciudadana, especialmente tras el plantón del 8 de junio frente al Cuartel Modelo, donde familiares de Antonio José L., de 41 años, una de las víctimas, exigieron justicia. Con el féretro en hombros, decenas de personas, mayoritariamente indígenas, marcharon desde el norte de Guayaquil hasta la Fiscalía de Flagrancia, denunciando corrupción en el sistema judicial. “No sean cómplices de los ladrones”, expresó un familiar, criticando la actuación de jueces y fiscales, mientras cuestionaban la liberación de sospechosos como Cocacho.
La Policía vincula este crimen a una red de extorsión que opera en Nueva Prosperina, un distrito marcado por la violencia y el control de grupos delictivos. Los secuestros, que afectaron a comerciantes de zonas comerciales del norte de Guayaquil, reflejan la creciente inseguridad en la Zona 8 (Guayaquil, Durán, Samborondón), con cientos de muertes violentas en 2025. La investigación continúa para identificar a los autores intelectuales y determinar si hay más implicados en esta red criminal.
La tragedia ha reavivado el debate sobre la efectividad del sistema judicial y la necesidad de reformas para combatir el crimen organizado. Los familiares de las víctimas, respaldados por la comunidad, exigen penas máximas para los responsables y mayor control en los procesos judiciales para evitar la impunidad. Mientras tanto, las autoridades han intensificado operativos en Nueva Prosperina, buscando desmantelar las redes de extorsión y garantizar seguridad en una de las zonas más afectadas por la violencia en Guayaquil.
