El presidente Daniel Noboa, tras asumir su segundo mandato el 24 de mayo de 2025, anunció desde Guayaquil un plan integral basado en cinco políticas estratégicas para consolidar avances en seguridad, economía, educación, salud y justicia. La medida más destacada es la eliminación gradual del subsidio al diésel para la industria atunera, que busca ahorrar hasta $300 millones anuales, según estimaciones del Ministerio de Energía, como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta decisión, presentada el 29 de mayo de 2025, ha generado expectativas y preocupaciones en sectores productivos clave.
La focalización del subsidio al diésel, que en 2024 costó al Estado $1,500 millones, se implementará inicialmente en las flotas atuneras y pesqueras, que consumieron 144,064 barriles de combustible subsidiado el año pasado, según la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (Ceipa). Noboa propone sustituir el diésel por gas natural, más sostenible, asegurando un suministro estable para evitar alzas en el costo de vida. La transición, respaldada por el Ministerio de Energía, incluye incentivos para modernizar embarcaciones y garantizar competitividad en un sector que aporta $1,200 millones en exportaciones anuales. Sin embargo, Ceipa advierte que sin un plan claro, los costos podrían trasladarse a los consumidores, afectando productos como el atún enlatado.
En seguridad, Noboa refuerza el modelo de militarización iniciado en 2024, que logró reducir los homicidios en un 17.6% (de 4,747 a 3,912 casos en la Zona 8, según la Policía Nacional). El plan incluye mayor control en cárceles, tras la fuga de alias Fito, y en fronteras, con operativos conjuntos con Colombia para frenar el narcotráfico. La inversión de $50 millones en tecnología, como drones y sistemas de vigilancia, busca fortalecer la lucha contra bandas como Los Choneros, vinculadas al cartel de Sinaloa. Además, el Municipio de Guayaquil aportará $25 millones en 2025 para vehículos y cámaras, tras recientes ataques en Las Acacias y el Guasmo.
En el ámbito económico, Noboa prioriza la firma de tratados comerciales con México, Canadá y China, tras un récord de $33,000 millones en exportaciones no petroleras en 2024, según el Banco Central. La minería, con proyectos como Cascabel en Imbabura ($4,200 millones de inversión), se consolida como el cuarto rubro exportador, proyectando $4,000 millones en 2025. Sin embargo, la reapertura del catastro minero y la lucha contra la minería ilegal en Carchi son retos pendientes, según la Cámara de Minería del Ecuador.
En educación, el gobierno destinará $250 millones para infraestructura escolar, capacitación docente y conectividad en zonas rurales, alineándose con evaluaciones internacionales como PISA y ERCE 2025, que evalúan a 30,000 estudiantes ecuatorianos. La ministra Alegría Crespo destacó que los resultados, esperados en 2026, guiarán reformas para superar las brechas de 2017, cuando Ecuador obtuvo 377 puntos en matemáticas en PISA-D. Sin embargo, la sobredemanda de cupos universitarios, con 200,000 bachilleres sin acceso, exige ampliar la oferta de institutos técnicos.
En salud y justicia, se invertirán $150 millones en hospitales rurales y $30 millones en digitalización judicial para agilizar casos contra el crimen organizado, como el de alias Fito, cuya red de lavado movió $23 millones. Estas políticas, respaldadas por el Banco Mundial y el BID, buscan estabilidad económica y social, pero enfrentan críticas por posibles alzas en costos de vida y la lentitud en resolver la inseguridad en Guayaquil, donde las extorsiones han cerrado el 60% de los comercios en sectores como Martha de Roldós.
