El presidente Daniel Noboa renovó el 10 de junio de 2025 el estado de excepción por 30 días en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos y el Distrito Metropolitano de Quito, mediante el Decreto Ejecutivo 23, debido a la persistente “grave conmoción interna” por violencia de grupos armados organizados. La medida, vigente hasta el 10 de julio, suspende derechos como la inviolabilidad de domicilio, correspondencia y libertad de tránsito (toque de queda de 22:00 a 05:00) en cantones específicos, según informes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y ECU-911.
La renovación, iniciada en abril de 2024 con el Decreto 599, responde al aumento de homicidios, atentados, uso de explosivos y violencia carcelaria. En Guayaquil, se han reportado masacres recientes, como la de Pascuales, con siete asesinados, vinculada a Los Tiguerones tras un decomiso de armas. La Zona 8 acumula cientos de muertes violentas en 2025, con 781 homicidios en enero, según el Ministerio del Interior. Las Fuerzas Armadas y Policía ejecutarán operativos para desarticular grupos dedicados al narcotráfico, extorsión y minería ilegal.
El decreto permite allanamientos y decomisos para neutralizar amenazas, sin restringir el derecho a manifestaciones pacíficas. La medida, notificada a la Asamblea Nacional, Corte Constitucional, ONU y OEA, busca garantizar orden público y seguridad ciudadana, pero genera críticas por posibles afectaciones a derechos fundamentales. Noboa, quien asumirá su primer periodo presidencial completo en mayo de 2025, ha recurrido a estados de excepción desde 2023 para combatir la delincuencia, aunque las muertes violentas persisten.
