El viceministro de Minas, Xavier Subía, anunció medidas para fortalecer el control de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en Ecuador, incluyendo el cobro de una tasa de fiscalización a partir de julio de 2025 y la reapertura del catastro minero el 16 de junio, tras su cierre en 2018 por irregularidades. La tasa, calculada por hectárea con base en el salario básico unificado ($470), busca financiar inspecciones para combatir la minería ilegal y garantizar el cumplimiento de inversiones en más de 240 concesiones que comprometieron $4.800 millones pero no han avanzado, según Subía.
La Cámara de Minería, liderada por María Eulalia Silva, critica la tasa, estimando que podría costar entre $15 y $53 millones anuales a las empresas, desincentivando inversiones al superar presupuestos operativos. Sin embargo, apoya la apertura del catastro para atraer nuevos inversionistas con reglas claras. Subía destacó que la Arcom, con solo 33 técnicos, carece de recursos, incluso de un “dron de juguete”, para monitorear 1,6 millones de hectáreas concesionadas, lo que ha permitido la entrada de mineros ilegales en áreas no exploradas.
El cierre del catastro en 2018 se debió a vulnerabilidades en el sistema de gestión, con concesiones otorgadas sin respaldo documental. La reapertura priorizará la pequeña minería no metálica y metálica, reactivando 348 solicitudes de pequeña minería y 200 de mediana y gran escala. La medida busca impulsar proyectos como Curipamba-El Domo y La Plata, que podrían atraer $400 millones si entran en construcción, en un contexto donde la minería aporta $1.002 millones en impuestos (5% de la recaudación total de 2024) y genera 120.000 empleos.
