La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada el 8 de junio de 2025, introduce reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) para combatir la delincuencia organizada en Ecuador, en el marco del conflicto armado interno declarado por el gobierno de Daniel Noboa. La normativa crea el delito de pertenencia a grupos armados organizados, sancionado con 22 a 26 años de prisión, y penas de 26 a 30 años para quienes dirijan, planifiquen o financien estas estructuras, según la Fiscalía General del Estado.
La ley elimina medidas sustitutivas como la libertad condicional para miembros de grupos delictivos organizados (GDO), garantizando prisión preventiva obligatoria. También sanciona a funcionarios judiciales que favorezcan a estos grupos, con penas de hasta siete años por prevaricato. Otros delitos agravados incluyen el sicariato, la extorsión y el tráfico de armas, con el objetivo de desmantelar redes criminales como Los Tiguerones, responsables de masacres recientes en Guayaquil, como la de Pascuales con ocho muertos el 10 de junio.
La normativa responde a la crisis de seguridad en la Zona 8, con cientos de muertes violentas en 2025, y busca fortalecer a la Policía y Fuerzas Armadas, permitiendo donaciones privadas de equipos. Sin embargo, la bancada de Revolución Ciudadana y Pachakutik critican posibles excesos en el uso de la fuerza y la falta de recursos para fiscales y jueces, exigiendo depuración judicial para evitar impunidad. La ley, respaldada por el Ejecutivo, es vista como un paso hacia la seguridad, pero genera debate sobre derechos fundamentales en un contexto de estado de excepción vigente hasta julio.
