El Ministerio de Trabajo registró un impedimento legal para que Augusto Verduga, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ejerza cargos públicos, según informó el 30 de abril de 2025. La medida responde a su vinculación en el caso “Ligados”, donde la Fiscalía lo acusa de presunto tráfico de influencias por manipular nombramientos en instituciones estatales. Verduga, señalado como parte de la “Liga Azul” ligada al correísmo, enfrenta un proceso penal que incluye chats como prueba de coordinación ilícita.
La inhabilitación, publicada en el Sistema de Impedimentos del Ministerio, prohíbe a Verduga ocupar puestos en el sector público, un requisito para quienes buscan empleo estatal, según la Ley Orgánica del Servicio Público. La decisión se da tras la postergación de una audiencia de revisión de medidas cautelares el 30 de abril, aplazada al 6 de mayo por falta de abogado defensor, luego de que Verduga rechazara un defensor público. La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva, alegando incumplimiento de presentaciones periódicas y riesgo de fuga, tras reportes de su viaje a Colombia.
Verduga ha calificado las acusaciones como un “montaje” del gobierno de Daniel Noboa y la Fiscalía, defendiendo que sus acciones como consejero se limitaron a cumplir con concursos de autoridades. Sin embargo, el caso ha generado tensiones políticas, con críticas desde el correísmo que lo ven como un intento de desprestigiar a sus líderes. La inhabilitación refuerza los esfuerzos por transparentar el acceso a cargos públicos, mientras el proceso penal podría agravar las consecuencias legales para Verduga, en un contexto de polarización electoral tras la reelección de Noboa.
