El 3 de junio de 2025, las autoridades estadounidenses han intensificado las restricciones migratorias, afectando a turistas de diversos países que buscan ingresar al país, incluso con visas válidas. Estas medidas, impulsadas por la administración de Donald Trump, responden a preocupaciones de seguridad nacional y buscan reforzar el control en las fronteras, según reportes de medios como El Universo y otras fuentes internacionales.
El Departamento de Estado de EE.UU. está evaluando prohibir la entrada a ciudadanos de hasta 43 países, clasificados en tres categorías: “roja” (prohibición total), “naranja” (restricciones severas) y “amarilla” (60 días para mejorar controles de seguridad). Países como Cuba, Venezuela, Afganistán, Irán, Siria y Corea del Norte están en la lista roja, enfrentando vetos completos, mientras que Haití, Eritrea y Myanmar enfrentan limitaciones parciales en visas de turismo, estudio e inmigración. Estas restricciones, aún en borrador, podrían impactar a viajeros con visas B-1 (negocios) y B-2 (turismo), incluso si ya están aprobadas, generando incertidumbre sobre su validez.
Entre las principales razones para denegar la entrada, incluso con visa válida, se encuentran: inconsistencias en la narrativa del viajero durante interrogatorios, sospechas de fraude migratorio, antecedentes penales, publicaciones en redes sociales que sugieran riesgos de seguridad (como afiliación a pandillas o ideologías de odio), y el uso indebido de visas, como el “turismo de parto” para obtener ciudadanía para recién nacidos. Por ejemplo, la Embajada de EE.UU. en México ha señalado que el turismo de parto es motivo suficiente para cancelar una visa, ya que se considera un abuso del sistema migratorio.
Además, los controles en aeropuertos y fronteras se han endurecido. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tienen autoridad para revisar dispositivos electrónicos, incluidas redes sociales y mensajes privados, en busca de contenido que pueda interpretarse como una amenaza. Casos recientes, como el de una turista británica detenida tres semanas en Washington por dudas sobre su visa, o turistas alemanes deportados tras largas detenciones, ilustran la rigurosidad de estas revisiones. Estas medidas han generado críticas por su falta de transparencia y por la percepción de un ambiente menos acogedor para los visitantes.
