Desde el 5 de mayo de 2025, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas impuso el uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias judiciales de la provincia, incluyendo el complejo judicial Florida Norte en Guayaquil, debido al aumento de 321 casos de tosferina a nivel nacional, 85 de ellos en Guayas. La medida, respaldada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, busca frenar los contagios de esta enfermedad respiratoria, pero ha generado malestar entre usuarios y abogados, quienes la consideran desproporcionada y mal implementada. En el primer día, la alta afluencia al complejo evidenció falta de control, con filas desorganizadas y quejas por la no exigencia del cubrebocas a todos los asistentes, según reportes de visitantes.
Abogados como José Alvear y usuarios como Carmen Gómez expresaron su frustración por la falta de claridad en la comunicación de la medida, que no especifica sanciones ni excepciones. Alvear señaló que el hacinamiento en los juzgados, con hasta 50 personas por audiencia, contradice el propósito de prevención, mientras que Gómez criticó que el personal judicial no siempre cumple con la norma. La Judicatura, sin embargo, insiste en que la disposición es necesaria y se alinea con las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), que también ordenó mascarillas en escuelas de Guayas, Manabí, Pichincha y Santo Domingo por 60 días. La escasez de mascarillas en farmacias y la especulación de precios, con costos de hasta USD 2 por caja, agravan las molestias.
El COE de Guayaquil recomendó cambiar las mascarillas cada cuatro horas y reforzar la ventilación en espacios cerrados, pero usuarios reportan que las instalaciones del Florida Norte, con capacidad para cientos de personas diarias, carecen de condiciones adecuadas. La medida se suma a antecedentes de alertas en el complejo, como un incidente en octubre de 2024 por una posible amenaza de artefacto explosivo y el colapso de un tumbado en septiembre del mismo año, lo que refuerza las críticas sobre la gestión del lugar. La Judicatura no ha anunciado controles específicos para garantizar el cumplimiento, mientras la ciudadanía pide mayor coordinación y campañas de vacunación para abordar la raíz del problema.
